Ábalos y el “asesinado” Besteiro

Comenzamos la entrada de hoy con una falsedad en el titular, pero esas fueron las palabras que el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, pronunció anteayer en el homenaje de su partido al político socialista Julián Besteiro, de cuyo nacimiento se cumplía siglo y medio.

El también ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó a Besteiro (hacia el minuto 10:40 del vídeo) como “un hombre fundamentalmente de paz, un hombre pacífico, que luchó por la paz y que enfrentó el odio, y que sin embargo eso no le valió para ser asesinado [sic] también por la dictadura” (en la web del PSOE le añaden el verbo que Ábalos olvidó al transmitir su idea: “que no le valió para evitar ser asesinado por la dictadura”).

En primer lugar, vamos a añadir unos apuntes sobre el homenajeado para poner contexto, y después señalaremos la falsedad en la que Ábalos ha incurrido. Julián Besteiro (1870-1940) fue uno de los principales políticos socialistas durante la Segunda República y también en los años previos. Presidente del PSOE -también de la UGT- entre 1925 y 1931, presidió después las Cortes republicanas entre 1931 y 1933. Tras el estallido en 1936 de la Guerra Civil permaneció alejado de la primera línea política, pero destacó por su oposición al conflicto y por su búsqueda de una solución pacífica a la contienda. El filósofo Julián Marías destaca en su ensayo La guerra civil ¿cómo pudo ocurrir? que el ejemplo de Besteiro fue “el más eminente” entre quienes intentaron que los españoles dejaran de matarse unos a otros.

A comienzos de marzo de 1939, cuando la República vivía una situación desesperada por las conquistas territoriales del ejército sublevado de Franco, Besteiro secundó el golpe con el que el coronel Casado derrocó al gobierno republicano de Juan Negrín, socialista como Besteiro. La intención de los golpistas era establecer negociaciones con los franquistas en busca de una rendición con condiciones del Ejército Popular de la República. Para ello, crearon el Consejo Nacional de Defensa, en el que se integró Besteiro. Sin embargo, Franco sólo aceptó la rendición incondicional, con lo que el golpe contra Negrín resultó estéril, pues causó enfrentamientos armados entre los propios republicanos y sólo sirvió para que los franquistas aceleraran sus conquistas.

Aunque Casado y otros responsables del golpe huyeron de España, Besteiro, anciano y enfermo, permaneció en Madrid, donde fue apresado y encarcelado por los vencedores de la guerra fratricida. Tras ingresar en distintas prisiones, falleció en la cárcel de Carmona (Sevilla) el 27 de septiembre de 1940 como consecuencia de una septicemia derivada de las pésimas condiciones sanitarias que padeció durante su reclusión.

¿Dice lo cierto Ábalos al afirmar que Besteiro fue “asesinado” por el franquismo? No. A los hechos hay que llamarlos por su nombre, y es falso que su muerte fuera por asesinato. Sí se puede y debe subrayar que el político socialista perdió la vida tras un encarcelamiento arbitrario y por las condiciones insalubres en las que lo mantuvieron sus carceleros, pero eso no le da al actual secretario de Organización del PSOE carta blanca para hablar de asesinato. La historia debe contarse como fue y no como conviene al que la cuenta.

¿Federico García Lorca murió en la guerra o fue asesinado en la guerra? Claramente lo segundo. Entonces, el mismo rigor hay que exigirle a Ábalos sobre la muerte de Besteiro, quien falleció en prisión pero no fue asesinado.

Teniendo en cuenta que el Gobierno del que es miembro está preparando una Ley de Memoria Democrática cuyo fin ha de ser proclamar la verdad sobre el conflicto y sus consecuencias, Ábalos debería saber bien de qué habla. Y no olvidar que esa ley sólo supondrá un éxito si se logra un consenso entre izquierda y derecha para su aprobación parlamentaria.

Srebrenica, 25 años de una masacre que paraliza Bosnia

“Nos acostumbrábamos con más facilidad a la muerte que a aquello que la traía. La muerte era aceptable, pero no así el miedo a ella”. Este testimonio está extraído de Postales desde la tumba, libro desgarrador del hoy periodista bosnio Emir Suljagic, quien narra los tres años en los que él y otros miles de civiles sufrieron el asedio del enclave de Srebrenica a manos de las fuerzas serbobosnias durante la guerra que destrozó su país entre 1992 y 1995.

Hoy se cumplen 25 años del inicio de la masacre en la que soldados y paramilitares de la República Srpska asesinaron mediante fusilamientos masivos a más de 8.000 varones musulmanes -entre los que había niños y ancianos-, crimen calificado como genocidio por el Tribunal Penal Internacional y por el que su máximo responsable político -el entonces presidente de la entidad serbia de Bosnia, Radovan Karadzic– y el jefe militar que dirigió las ejecuciones -el general Ratko Mladic– han sido condenados a cadena perpetua.

Emir Suljagic, nacido en 1975, tenía sólo 17 años al comenzar el cerco de Srebrenica y 20 cuando concluyó. Su conocimiento del inglés le había facilitado un trabajo de traductor para los cascos azules de Naciones Unidas que protegían -con perdón por este verbo– el enclave y ello fue lo que le permitió escapar de la matanza.

Hace cinco años, justo dos décadas después de aquellos días aciagos, fue una palabra maldita, genocidio, la que causó que el rostro del presidente ruso, Vladimir Putin, empapelara las calles de Potocari, la localidad vecina de Srebrenica en cuyos alrededores se levantó el memorial donde yacen los restos de las víctimas que han podido ser identificadas, unas 7.000. Los periodistas que allí acudimos entonces observamos con nuestros ojos aquellos carteles del líder ruso mientras nos encaminábamos al cementerio.

Aquel 11 de julio de 2015 había que retroceder sólo unas pocas jornadas en el calendario para encontrar una explicación a ese agradecimiento a Putin. Esa misma semana, Rusia, aliada de Serbia, vetaba en la ONU una resolución que llamaba “genocidio” a lo ocurrido cuando el ejército serbobosnio irrumpio en Srebrenica en 1995.

Desde aquel año, el de los Acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la Guerra de Bosnia, el escarpado país balcánico está dividido en dos entidades: la Federación de Bosnia y Herzegovina, poblada mayoritariamente por musulmanes y en menor medida por croatas, y la República Srpska, en la que los serbios son mayoría. Srebrenica y su entorno quedaron en el territorio de esta última, y la limpieza étnica aplicada por los serbios -los más de 8.000 fusilados tras la toma del enclave son su sangrienta prueba- convirtió a esta nacionalidad en la más numerosa en la zona.

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El cementerio de Potocari, junto a Srebrenica, en 2015, 20 años después de la masacre (fotos: Manuel Vega).

Cada año, el 11 de julio es la fecha de los actos oficiales en honor a las víctimas de la masacre, y también el día fijado para dar sepultura en el cementerio de Potocari a los restos de víctimas que siguen identificándose a día de hoy, un cuarto de siglo después de que los aledaños de Srebrenica fueran transformados en un gigantesco paredón donde los pelotones de ejecución disparaban sin cesar.

En 2015, llamó mi atención una pancarta desplegada sobre una de las lomas que rodean el camposanto. Me aproximé a un joven y le pregunté por su significado. “Por cada serbio muerto, cien musulmanes muertos”, me respondió, y me aclaró quién era el autor de tan despiadadas palabras: Aleksandar Vucic, actual presidente de Serbia, que hace un lustro era primer ministro de ese país y durante la guerra de los años 90 ya estaba metido en política a pesar de su juventud.

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“Por cada serbio muerto, cien musulmanes muertos”, frase atribuida durante la guerra al hoy presidente serbio.

En un día como hoy, suelen concentrarse en Srebrenica miles de personas venidas de distintos puntos de Bosnia para rendir homenaje a las víctimas. Sin embargo, este año la pandemia de coronavirus que afecta a todo el planeta ha causado importantes restricciones de acceso para garantizar la distancia de seguridad y evitar contagios.

Veinticinco años después de la guerra, Bosnia sigue en conflicto. No hay batallas ni matanzas, pero la sociedad permanece dividida y el frágil Estado continúa mal gobernado por una presidencia rotatoria entre musulmanes, serbios y croatas que favorecen sus propios intereses cuando detentan el poder y persisten en resaltar las diferencias entre comunidades, en una constante mirada a los odios del pasado que deja paralizado el país.

Para tener más presente lo ocurrido hace 25 años, conozcamos el testimonio de un superviviente de la matanza. Emir Suljagic lo recoge en Postales desde la tumba y es estremecedor: “El más joven de los supervivientes de las ejecuciones ocurridas entre el 14 y el 16 de julio tenía sólo 17 años. Cuando lo bajaron del camión con un grupo de varones, los ojos vendados y las manos atadas, no pedía más que un poco de agua. ‘No quería morir sediento’, dijo al testificar ante el Tribunal de La Haya, años más tarde. Los soldados serbios abrieron fuego”.

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Oración por una de las víctimas de la masacre en el funeral celebrado en 2018.

De aristócratas y terroristas

Domingo Moriones usaba el título de marqués de Oroquieta y fue un militar que luchó en la Guerra Civil. Los que aplican la etiqueta rápida y dictan sentencia sin tener la menor idea de los asuntos sobre los que sientan cátedra lo tendrán muy claro: sangre azul + uniforme = un fascista en toda regla. Sin embargo, resulta que, a pesar de su título nobiliario, fue uno de los jefes del Ejército Popular de la República, en el que alcanzó el grado de coronel. Llegó a mandar el Ejército de Andalucía y, finalizado el conflicto, los vencedores franquistas lo condenaron a muerte, pena que finalmente le fue conmutada por treinta años de prisión, de los que cumplió diez

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, menciona con frecuencia el conflicto fratricida de nuestro siglo XX y su afinidad con el bando derrotado. Lo que no se sabe es si tiene noticia del coronel republicano Moriones y del marquesado que ostentaba, algo que, vista su alergia a la aristocracia -o, al menos, a la aristócrata Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casa Fuerte y portavoz del PP en el Congreso-, sería interesante que aclarara.

Pertenecer a la nobleza no tiene por qué significar algo negativo, aunque Iglesias dé a entender que sí. No todos los de alta alcurnia han de estar cortados por el patrón del señorito andaluz o el pijo del Barrio de Salamanca. Ahí tiene el ejemplo de ese militar que, cuando otros compañeros de armas se rebelaron contra la legalidad republicana, se mantuvo fiel al Gobierno de Madrid y combatió a los sublevados, quienes sí manifestaron una conducta reprobable alzándose contra el Estado constitucional al que habían jurado obediencia.

Pero este miércoles, la diputada Álvarez de Toledo replicó de forma injustificable -e impresentable- a una mofa que el vicepresidente segundo hizo de su título nobiliario. Con su exabrupto“usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político”-, reaccionó como si sintiera que ser de la nobleza es algo malo. Si no, ¿a qué viene responder a una burla contra la aristocracia echando en cara al otro una actividad criminal como el terrorismo? 

Ofende el que puede, no el que quiere. La portavoz parlamentaria del Grupo Popular pudo haber despachado a Iglesias elegantemente, incluso ridiculizándolo por esa aversión de él a quienes lucen apellidos lustrosos en el DNI. Pero ella no fue capaz de responder cabalmente y prefirió injuriar al enemigo -ojalá se trataran como adversarios– de forma repugnante, atacando a un familiar.

Justifica la parlamentaria popular su embestida contra el vicepresidente segundo -o contra el padre del vicepresidente segundo para dañar a éste- en que Javier Iglesias fue militante del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) y que eso es argumento suficiente para llamarlo “terrorista”. Como muestra, un tuit en el que reafirma sus palabras:

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Ya que pregunta “¿cómo se llama al que milita en una organización terrorista?”, que tenga en cuenta que el padre de Iglesias “militó”, no “milita”. Ahí ha arrimado demasiado el ascua a su sardina la diputada para intentar que se acepte lo inaceptable.

A estas alturas de la Historia, no se puede ocultar que el FRAP ejecutaba acciones terroristas -miembros de la banda asesinaron a agentes de Policía y Guardia Civil-. Ahora bien, a Javier Iglesias lo condenó la dictadura franquista por repartir propaganda de ese grupo, no por delitos de sangre, y no está de más subrayar que el columnista y hoy eurodiputado de Vox Hermann Tertsch fue condenado en 2019 a indemnizar a Iglesias padre con 15.000 euros por haberlo relacionado con el asesinato de un policía en 1973, cuando en realidad en ese tiempo Javier Iglesias se encontraba en prisión.

No hay que olvidar que el FRAP atentó contra una dictadura, no contra una democracia. No puede afirmarse lo mismo de los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), que continuaron su actividad homicida hasta varios años después de las elecciones democráticas de 1977. En esa banda terrorista, por cierto, militó durante el franquismo el escritor Pío Moa, entonces marxista y hoy en las antípodas ideológicas. Tendría su aquel saber si Cayetana Álvarez de Toledo se referiría a Moa como “terrorista”.

Lo mismo que de los GRAPO, pero multiplicada su furia asesina varias veces, cabe decir de ETA, que no cesó de derramar sangre ajena hasta bien entrado el siglo XXI. A la señora Álvarez de Toledo habría que recordarle que hubo etarras que abandonaron las armas tras la muerte de Franco. Uno de ellos fue Mario Onaindia, que pasó de ser terrorista a ser objetivo de los terroristas por su rechazo a la lucha armada y su entrada en la política de la mano de Euskadiko Ezkerra y después en el Partido Socialista de Euskadi. De ETA al constitucionalismo, esa palabra de la que tanto gusta apropiarse la marquesa de Casa Fuerte. El político vasco falleció de cáncer en 2003, y también se impone esta pregunta: ¿le espetaría la portavoz popular a los hijos de Onaindia que su padre era un terrorista?

Miremos más allá de nuestras fronteras y viajemos por el pasado de otros países, algo que Cayetana Álvarez de Toledo debe de conocer, siendo como señala en su currículum doctora en Historia por la Universidad de Oxford. Sabrá entonces que Irlanda obtuvo su independencia de Gran Bretaña bajo el liderazgo de Michael Collins, cuyos hombres ejecutaban actos terroristas contra policías y soldados británicos. Así los calificaban los ingleses, aunque obviamente los irlandeses los llamen luchadores por la independencia de su patria.

Aunque hay un caso aún más llamativo del terrorismo empleado para lograr objetivos políticos. Protagonizado, por cierto, por gente que acabó en un partido muy próximo ideológicamente a la portavoz del PP en el Parlamento. Ocurrió en el Mandato Británico de Palestina en la década de 1940, cuando grupos terroristas judíos atentaban contra la potencia que administraba el territorio. La meta de los que atacaban a los británicos no era otra que la implantación de un Estado judío en ese suelo, lo que finalmente lograron. Y haciendo pagar a inocentes un alto precio en sangre.

Una de esas organizaciones terroristas, Irgún, perpetró en 1946 un salvaje atentado con bomba en Jerusalén contra el Hotel Rey David, cuartel general del Ejército británico. El ataque se saldó con 91 muertos, entre los que había personal militar y civil británico, aparte de judíos y árabes que se encontraban en el lugar en el momento de la explosión. El líder de Irgún entonces era Menajem Beguin, quien ejercería el cargo de primer ministro de Israel entre 1977 y 1983 como miembro del partido derechista Likud.

Sucedió a Beguin en la jefatura del Gobierno israelí Isaac Shamir, del mismo partido y con igual pasado terrorista. En su caso perteneció al Lehi, una escisión de Irgún cuyo sangriento historial incluye el asesinato en 1948 del conde Folke Bernadotte, un aristócrata y diplomático sueco enviado por Naciones Unidas a Palestina para mediar entre los bandos contendientes en la primera guerra árabe-israelí.

Si la marquesa de Casa Fuerte acudiera a alguna recepción en la Embajada de Israel en España, ¿le recordaría a la embajadora que su país tuvo un par de primeros ministros terroristas? Y uno de ellos integrante de un grupo que asesinó a sangre fría al portador de un título nobiliario, detalle que no se puede pasar por alto, ya que ha sido una controversia sobre el abolengo de esta política lo que ha derivado en un nuevo circo en el hemiciclo.

Ciudadanos “constitucionalistas”

Mitad más uno. La hipotética suma cumplía holgadamente la norma. 123+57=180. Cuatro más que la cantidad requerida, 176. Pero el líder del segundo sumando había vetado cualquier acuerdo con el del primero, a quien tampoco le hacía gracia pactar con aquel: “Con Rivera, no”.

Aquellas elecciones del pasado 28 de abril le dieron un buen resultado a ambos. El de los 123 diputados, Pedro Sánchez, fue claramente el más votado. Muy lejos de esos aludidos 176 que dan la mayoría absoluta, pero muy por delante del segundo clasificado, al que casi dobló en escaños (66). El de los 57 asientos, Albert Rivera, se sintió -o quiso hacer ver que se sentía- eufórico por aumentar en 25 su número de representantes en el Parlamento, hasta el punto de autoproclamarse “líder de la oposición”, cuando salta a la vista que Pablo Casado, el de los 66, por muy derrotado que estuviera, tenía nueve más que él.

El socialista Sánchez no logró el apoyo del Podemos de Pablo Iglesias, quien con sus 42 diputados podía aproximarle a esa mayoría necesaria para continuar gobernando España, y prefirió volver a las urnas. Y Rivera, entonces al mando de Ciudadanos, no quería pactar con Sánchez, pero tampoco quería repetición electoral. Un considerable cacao mental que acabó pasándole una factura letal: de 57 parlamentarios en el Congreso a sólo 10 tras las -por ahora- últimas elecciones, el pasado 10 de noviembre.

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El Congreso de los Diputados, en la Carrera de San Jerónimo de Madrid (foto: Manuel Vega).

La estrategia del frente anti-Sánchez y la sobrevaloración de sus propias fuerzas significó  para Ciudadanos un tiro por la culata. Lo segundo lo demostró no sólo cuando Rivera se coronó mandamás de la oposición, sino también cuando, tras quedar el partido tercero en las elecciones andaluzas de 2018, se postuló para gobernar la región y pidió al primero (PSOE) y al segundo (PP) que lo apoyaran.

Evidentemente, Ciudadanos no obtuvo la presidencia de la Junta de Andalucía y se tuvo que conformar -la cursiva, en honor a sus altas pretensiones- con la vicepresidencia para su candidato, Juan Marín, mientras la presidencia se reservaba para el popular Juanma Moreno. Y fue ahí donde empezó a gestarse la otra razón de la debacle de Rivera y su formación el 10-N: el acuerdo con la extrema derecha de Vox.

Ese coqueteo con los ultras pudo ser comprensible -no justificable- en Andalucía, donde el PSOE llevaba 37 años en el poder y el apoyo de los 12 diputados de Vox era fundamental para que PP y Ciudadanos pudieran desalojar a los socialistas del gobierno autonómico. Casos como el de los ERE, cuya reciente sentencia ha condenado a varios altos cargos de la Junta bajo los mandatos del PSOE, dan pie a la decisión de Rivera y los suyos de taparse los ojos y aceptar el apoyo parlamentario de la formación dirigida por Santiago Abascal con tal de lograr un cambio en el Ejecutivo andaluz. Cuatro décadas con el mismo partido al mando de una comunidad autónoma son demasiadas.

Ahora bien, ese acercamiento de Ciudadanos a la ultraderecha debió tener ahí su punto y final. Pero Rivera siguió sembrando vientos. Lo hizo después de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo, un mes después de las generales. Entonces, normalizó en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia lo que debió haber sido la excepción andaluza.

Manuel Valls, candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, con amplia experiencia política en Francia por su doble nacionalidad, advirtió al dirigente naranja de los males de acercarse a la extrema derecha, pero sus palabras cayeron en saco roto. No sólo eso, sino que además Rivera rompió con el hispanofrancés tras apoyar éste a Ada Colau, de Barcelona en Comú, en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal con el fin de impedir que los independentistas de ERC se hicieran con el bastón de mando.

Si su partido puede pactar con Vox, pero no con la izquierda radical -lo que en Ciudadanos llaman “populistas”-, cuando ese acuerdo es además para evitar un alcalde independentista en la segunda ciudad de España, nadie debería extrañarse de lo ocurrido a la formación naranja el 10-N.

La composición del Congreso de los Diputados derivada de las últimas elecciones generales, con la extrema derecha disparada hasta los 52 escaños -casi los mismos que tenía Ciudadanos antes de esa cita electoral- ha apremiado a PSOE y Podemos a alcanzar un pacto de gobierno. Sin embargo, la suma de los representantes de ambos -120 los socialistas y 35 los de Iglesias- queda muy lejana de la mayoría absoluta, lo que está causando que Sánchez tenga que negociar con los independentistas catalanes y otras formaciones incómodasBildu, CUP, BNG– su abstención para desbloquear la formación de un Ejecutivo.

La dimisión de Rivera tras su debacle el 10-N ha dejado a Inés Arrimadas, portavoz parlamentaria de Ciudadanos, como líder de facto del partido, a falta de un congreso que elija a la nueva cúpula. Y esta política parece empeñada en repetir los mismos errores de su predecesor.

Ciudadanos, en un nuevo alarde de narcisismo, ha planteado la Vía Arrimadas para impedir que el Gobierno central dependa de cómo respiren los independentistas y también frenar que el PSOE pacte con Podemos. Esa idea consiste en sumar a los 120 diputados socialistas y a los 10 naranjas los 89 del PP de Casado y los dos de Navarra Suma. Un gobierno de concentración con 221 apoyos parlamentarios que Sánchez ha rechazado y también ha hecho lo propio el líder popular.

Arrimadas acierta al no desear que el Gobierno de España dependa de partidos que hace dos años apostaron por la ruptura unilateral con España. Pero falla con estrépito creyendo que puede exigir a los dos partidos mayoritarios que hagan lo que propone el suyo, que cuenta con 110 parlamentarios menos que los socialistas y 78 menos que el PP. Los populares, por cierto, pueden y deben ser oposición, porque su situación es muy diferente.

Está en manos de Ciudadanos dar estabilidad a este país. Si no ha tenido reparo para aceptar el apoyo de Vox en ayuntamientos y gobiernos regionales, no tiene ni pies ni cabeza que rechace allanar la investidura de un Ejecutivo de coalición entre PSOE y Podemos. Esto no significa en modo alguno un cheque en blanco para una legislatura, sino un avance para desbloquear la situación y evitar unas terceras elecciones que sólo favorecerían a la extrema derecha, no a ellos.

Si a los 120 del PSOE y los 35 de Podemos se añaden los 10 de Ciudadanos, se estaría a once de la mayoría absoluta. Sumemos los tres de Más País y los seis del PNV, con los que ya habría 174. Para los dos restantes, está el escaño de los regionalistas cántabros y el otro de Teruel Existe, e incluso se podrían agregar los dos de los regionalistas canarios. De esta forma, no haría falta negociar nada con los indepes.

Ciudadanos se ha erigido en adalid del “constitucionalismo”. Si quiere serlo de verdad, haría bien en preguntarse qué hay de inconstitucional en apoyar esta fórmula. La respuesta es nada, por mucho que se empeñe en buscar razones para vetar a Podemos… y al PNV, que ya no es el de los tiempos de Ibarretxe.

Si Ciudadanos facilitara la investidura, demostraría sentido de Estado. Y, como ya se ha indicado, después de ello tendría manos libres para rechazar las políticas gubernamentales cuando así lo considere. Pero lo que no le va a funcionar, ni a ellos ni a España, es continuar haciendo lo mismo. A no ser que prefiera otras elecciones y que el Congreso acabe como los parlamentos de Andalucía, Murcia y Madrid, pero con los naranjas de comparsas.

10-N: la España del ‘y tú más’, nunca la del ‘yo también’

Las elecciones que nadie -o casi nadie- deseaba han resultado ser lo que amenazaban: un despropósito. La participación este 10 de noviembre cayó al 69,8%, lo que se traduce en 24,3 millones de votos y 10,5 millones de abstenciones. En los pasados comicios de abril, el número de españoles que sí acudieron a las urnas fue de 26,3 millones (75,7% de participación) frente a los 8,4 millones que prefirieron no ejercer su derecho al voto.

El PSOE de Pedro Sánchez protagonizó el domingo la victoria más pírrica en 42 años de elecciones desde que la democracia retornó a España. El 10-N perdió unos 700.000 votos respecto a su resultado en la cita electoral del 28-A (de 7,4 millones bajó a 6,7). Aunque se ha quedado en 120 diputados, sólo tres menos que en los anteriores comicios, los socialistas harán mal en engañarse: sólo habrán ganado las elecciones si logran formar gobierno. Si no fueron capaces cuando obtuvieron mejor resultado, a ver cómo esperan conseguirlo ahora.

El PP, que continuó con Pablo Casado al frente a pesar de su debacle en abril (entonces se quedó en 66 escaños), recupera terreno ganando 700.000 votos (de los 4,3 millones del 28-A a los 5 millones de ayer), lo que sitúa al partido con 88 asientos en el Congreso. La nueva convocatoria electoral ha supuesto para el dirigente popular un balón de oxígeno, pero no un éxito.

La peor noticia de esta repetición electoral es un nuevo ascenso de la ultraderecha de Vox. Parte del electorado ha asumido como normal el discurso retrógrado de Santiago Abascal, que con sus soflamas contra la inmigración y el independentismo, entre otras motos que ha conseguido vender, ha subido de los 2,6 millones de votos de abril a los 3,6 millones de anoche. Ese millón de sufragios ganados le hace incrementar en más del doble su representación en el Parlamento (de 24 a 52 escaños).

Unidas Podemos paga su negativa a apoyar la investidura de Sánchez el pasado verano. La coalición liderada por Pablo Iglesias consiguió ayer tres millones de votos, con lo que pierde 700.000 en comparación con el 28-A y baja de los 42 a los 35 parlamentarios en la Carrera de San Jerónimo. En manos de Iglesias está si apoya un gobierno socialista o prefiere seguir esperando a que el presidente en funciones lo valore como cree que merece, a riesgo de una enésima repetición electoral.

El 10-N no ha habido un ganador, pero sí un claro derrotado: Albert Rivera, que este mediodía presentó su dimisión al frente de Ciudadanos. De los 4,1 millones de apoyos que cosechó en las anteriores elecciones, que le dieron 57 escaños, ha pasado a ser el elegido por sólo 1,6 millones de votantes, con lo que se desploma hasta los 10 diputados. Rivera ha dejado todos sus cargos, lo que algunos dicen que le honra, pero hizo cero autocrítica en su despedida: habló de no dividir a los españoles en “rojos y azules”, pero eludió reconocer que él ha contribuido a esa división.

El debutante Más País se estrena con medio millón de votos y tres diputados. Íñigo Errejón haría bien en plantearse que España no es un reflejo del Ayuntamiento de Madrid, como tampoco lo fue su parlamento regional.

En cuanto a los partidos independentistas catalanes, suman entre todos 23 escaños (13 ERC, 8 JxCAT y 2 las CUP), pero deben tener en cuenta que no son la mayoría tan aplastante que pretenden ser: la suma de PSC (12), En Comú Podem (7), PP, C’s y Vox (2 cada uno) totaliza más representantes en Madrid (25). En votos, la opción secesionista está debajo de la que prefiere que Cataluña no rompa con España. No, el caso catalán está muy lejano al de Eslovenia al que tanto aluden. En 1990, un 88% de votantes eslovenos (de una participación del 90% de su censo electoral) eligió que su país se independizara de Yugoslavia. Si los independentistas catalanes continúan soñando con alguna similaridad con el caso balcánico, necesitan gafas.

Si alguna lectura se puede extraer del 10-N es que a río revuelto, ganancia de la ultraderecha. Por ello, es fundamental que los demás partidos de ámbito estatal dejen de tirarse los trastos a la cabeza y entre todos, junto con los regionalistas y nacionalistas dispuestos a salir de esta situación de preocupante estancamiento, acuerden la formación de un Gobierno estable. En otras palabras, que cada cual deje de culpar al otro profiriendo el repetido hasta la saciedad y tú más y que reconozca los errores propios entonando un sincero yo también.

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Vista del Congreso de los Diputados, cuya composición cada vez está más atomizada. (foto: Manuel Vega).

Verificar lo que afirman los políticos, clave en los debates

En el plano informativo de esta breve campaña para las elecciones del próximo domingo, 10-N, una de las noticias de la semana, si no la noticia, fue el debate a cinco televisado por TVE y Atresmedia el pasado lunes 4.

Al día siguiente, fue interesante ver en el telediario de TVE una noticia que señalaba datos falsos esgrimidos por cada uno de los candidatos participantes en el debate. Aquí se reproducen algunos de los detectados por el equipo de la televisión pública, que se pueden escuchar hacia el minuto 35 de este vídeo:

Santiago Abascal (Vox) afirmó ante millones de telespectadores: “Hemos conocido los nombres, los detalles, de una manada de españoles el año 2016, pero después de esa manada ha habido más de cien manadas en España, y el 70% de quienes están imputados son extranjeros”.

Así le responde Alicia Manzanares, la periodista de TVE firmante de la pieza: “Falso: no hay datos oficiales sobre violaciones en grupo. Según las últimas cifras del Ministerio del Interior, un 70% de los detenidos o investigados por delitos sexuales son españoles y un 30%, extranjeros. También afirmó [Abascal] que un 86% de las denuncias por violencia de género se archivan. El Consejo General del Poder Judicial reduce este porcentaje al 1,3%”.

Pedro Sánchez (PSOE) aseguró en el debate: “Desde el tercer trimestre del año 2018 hemos creado en torno a 530.000 nuevos puestos de trabajo”.

La redactora que ha efectuado las verificaciones le dice esto al presidente del Gobierno en funciones: “También es falso este dato. Según la Encuesta de Población Activa, el número de empleos generados desde el tercer trimestre de 2018 es de 346.000, 184.000 menos de los que dijo Sánchez”.

Pablo Casado (PP) aseveró a modo de reproche al presidente: “¿Por qué no ha retirado la Declaración de Pedralbes, en la que se decía que hacía falta un relator internacional, en la que se decía que la Monarquía era franquista, en la que se decía que la Guardia Civil y la Policía Nacional eran fuerzas opresoras?”.

La periodista le rectifica: “No es cierto. La Declaración de Pedralbes, compartida entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo catalán, no menciona ni a la Monarquía ni a las fuerzas de seguridad”.

Albert Rivera (Ciudadanos) hizo esta afirmación en materia económica: “Yo propongo un IRPF razonable, que no sea confiscatorio, que no llegue a quitarle la mitad del sueldo en algunas comunidades a la gente que trabaja con el sudor de su frente”.

La autora de las comprobaciones corrige a este político: “Lo que afirmó Rivera no ocurre en ninguna región española porque el tipo marginal máximo del 45% o 48% en algunas comunidades sólo se paga a partir de los 60.000 euros de ingresos”.

Pablo Iglesias (Podemos) se refirió así a la norma suprema del ordenamiento jurídico: “Artículo 50, las pensiones. Garanticemos la revalorización de las pensiones [conforme] al IPC, porque la Constitución Española dice que se tienen que actualizar conforme al índice de precios al consumo”.

La respuesta de la responsable de comprobar los datos es clara: “Falso: la Carta Magna sólo dice que las pensiones se actualizarán periódicamente, pero no hace referencia alguna al IPC en su artículo 50”.

Lamentablemente, lo que tiene millones de espectadores es un debate en horario de máxima audiencia, pero no una pieza informativa emitida más de media hora después de iniciado el telediario de la sobremesa.

Por ello, para que un debate electoral tenga un auténtico interés para los votantes debería incluir en su larga duración un apartado en el que periodistas y/o expertos en las materias objeto de discusión comprueben las afirmaciones realizadas durante esa noche por cada político.

Podría hacerse tras las intervenciones finales de los candidatos. Así, lo más probable es que todos saliéramos ganando: los políticos -y sus equipos- se esforzarían en dar una imagen de seriedad y confianza, la audiencia de las televisiones se dispararía -cientos de miles de espectadores se frotarían las manos viendo cómo expertos en la información tratada avalan o desmienten a los candidatos con datos y estadísticas en la mano- y los que tenemos que acudir a las urnas lo haríamos con la sensación de que no nos han vuelto a tomar el pelo en vivo y en directo.

 

Franco, fuera de su mausoleo ¿con cuatro décadas de retraso?

Es inevitable hablar hoy de la decisión del Tribunal Supremo de avalar el plan del Gobierno para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, donde llevan enterrados desde su muerte en 1975. Sus huesos serán trasladados a otro lugar que no constituya un monumento de exaltación al bando vencedor de la Guerra Civil española y al régimen dictatorial y represor nacido de aquel conflicto entre hermanos. Pues eso es precisamente el Valle de los Caídos: un homenaje a los vencedores de una contienda fratricida, cuando una guerra civil es lo peor que le puede pasar a un país.

Son muchos los que opinan que lo que queda del dictador ha permanecido demasiado tiempo en ese mausoleo mantenido con dinero de los impuestos de todos los españoles. Esa anomalía democrática ha durado, a ojos de personajes públicos y de a pie, cuatro décadas. Entre los primeros, así lo considera, por ejemplo, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien en 2018 afirmó que lo de la exhumación de Franco “tenía que estar arreglado hace 40 años”.

De los anónimos, llama la atención, entre muchos otros, un comentario a un artículo publicado por El Diario. Su autor, que firma como Nirvak888, dice esto: “Triste, patético, que haya habido que esperar 44 años después de la muerte del dictador para retirar sus restos de ese santuario siniestro en el Valle de los Caídos”. Esta persona reprocha al expresidente del Gobierno Felipe González que no procediera a la retirada de los restos de Franco a pesar de que “gozó de una mayoría absoluta en el Congreso durante años”. También considera que otro mandatario socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, “dejó pasar la ocasión”. No se olvida de los gobiernos del PP, “herederos espirituales del franquismo”, para los cuales la exhumación del cadáver del dictador “no era un asunto pertinente”. Por último, estima que el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha tomado por fin la decisión “porque de alguna manera tiene que demostrar que es de izquierdas”.

Todos los que se muestran convencidos de que retirar los restos mortales del general que gobernó España con mano de hierro entre 1939 y 1975 es un acto que se lleva a cabo con cuatro décadas de retraso deberían plantearse si hace cuatro décadas era posible tal gesto. En 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones democráticas tras la Guerra Civil, y en 1978, al promulgarse la Constitución vigente, los militares afectos al franquismo todavía eran muchos y el ruido de sables y las conspiraciones contra el Gobierno de Adolfo Suárez, el primer presidente de la Democracia, eran una constante. Y qué decir de lo ocurrido el 23 de febrero de 1981. ¿Creen sinceramente que durante la Transición se daban las circunstancias para sacar a Franco del Valle de los Caídos?

Tampoco deberían olvidar -o desconocer- que en 1985, cuando González gobernaba con mayoría absoluta, fue desarticulada una trama de militares ultras para volar la tribuna de autoridades durante el desfile del día de las Fuerzas Armadas en La Coruña. De haber tenido éxito ese complot, los conspiradores habrían asesinado al rey Juan Carlos y a toda la familia real, así como al presidente González y al ministro de Defensa, aparte de a varios jefes del Ejército.

El conservador José María Aznar tampoco dio el paso de afrontar la exhumación de Franco cuando fue jefe del Gobierno. Estarán de acuerdo en que si no lo hizo González, menos lo iba a hacer él. En cuanto a Zapatero, es ridículo acusarlo de que los restos del Caudillo permanecieran en su cripta faraónica de Cuelgamuros, cuando precisamente fue el presidente bajo cuyo mandato se aprobó la Ley de Memoria Histórica, norma que tenía un objetivo infinitamente más importante: sentar las bases para que los represaliados por el franquismo, miles de ellos enterrados en cunetas desde la guerra y la posguerra, puedan tener una sepultura digna.

Como ha señalado de forma muy acertada el periodista Álvaro Corazón Rural en su cuenta de Twitter, “liquidar los vestigios de una dictadura criminal era una misión de las generaciones actuales, no de las que hicieron la Transición”. El mismo periodista formula además otra pregunta a tener bien presente: si sacar al dictador de su mausoleo se lo planteó alguien en aquella época” de los primeros compases de la Democracia.

El paso para retirar por fin la financiación pública a un monumento de exaltación al dictador ya se ha dado. Y no es tarde para hacerlo, aunque así lo crean quienes desprecian las cuatro décadas de libertad que llevamos definiéndolas como “Régimen del 78”.

La absurda acusación de racismo que Trudeau ha reconocido

La revista norteamericana Time se ha colgado, por lo visto, una medalla con una foto que le han pasado del actual primer ministro canadiense, Justin Trudeau, disfrazado de Aladino y con su rostro coloreado de negro, durante una fiesta en una escuela privada donde él trabajaba en 2001. En Canadá y en Estados Unidos no está bien visto eso de pintarse la cara de un color de piel diferente al propio. Allí se considera un acto racista.

Este artículo de El País explica por qué tiene esa consideración en la América anglosajona. “Disfrazarse pintándose la cara de negro deshumaniza, denigra y desprecia a todo un colectivo a la vez que alimenta los peores estereotipos atribuidos a los afroamericanos, aseguran activistas y expertos”, escribe Yolanda Monge, corresponsal en Washington de este periódico. Y añade que “en Estados Unidos hace cerca de 200 años que los artistas empezaron a pintarse la cara de negro para imitar y reírse de los esclavos negros en los espectáculos musicales de la época”

Quienes opinen que Trudeau tuvo hace 18 años -14 antes de ser elegido jefe del gobierno canadiense- un comportamiento racista con su atuendo, deberían preguntarse qué puede haber en común entre la fiesta de disfraces a la que asistió ataviado de Aladino -la temática del festejo era Las mil y una noches, por cierto- y esos espectáculos musicales en los que se ridiculizaba a los esclavos negros en el siglo XIX. Si no se está contaminado por los prejuicios y/o los intereses, la respuesta es muy clara: nada.

Sin embargo, en esta era de la corrección llevada al extremo en lo político, cualquier gesto menor -el de Trudeau lo es- puede ser susceptible de utilización como arma arrojadiza contra su protagonista. Y el propio primer ministro canadiense ha cometido el error de dar alas a los dictadores de lo políticamente correcto reconociendo que su disfraz y su cara pintada representaron un acto racista.

Como apunta acertadamente el periodista Jorge Benítez en un reportaje en El Mundo, “este político no ha tenido en cuenta en sus disculpas que las imágenes fueran dentro de un contexto lúdico e informal -una fiesta de disfraces- o que su trayectoria sea ejemplo de respeto a las minorías y a los inmigrantes”.

Sobre esto último, cabe destacar que si se teclea “Justin Trudeau” en Google, las primeras noticias que aparecen nos llevarán a toda esta absurda acusación de racismo, en lugar de a informaciones que muestran que durante su mandato ha adoptado políticas diametralmente opuestas al racismo, la intolerancia y la xenofobia. Como que Canadá abrirá las puertas a un millón de inmigrantes en los próximos tres años. O decirle “al millón de musulmanes canadienses: esta es su casa”. Frase que no es moco de pavo, teniendo en cuenta que la pronunció después de un atentado contra una mezquita en Quebec, en el que fueron asesinadas seis personas.

Los cruzados de la corrección política podrían pararse a pensar que ellos tampoco están libres de una imagen o un acto del pasado que se pueda malinterpretar o manipular. Tendrán suerte si no se topan en el camino con otros guardianes de la moral cortados por el mismo patrón.

‘Abc’ hace propaganda a Vox como defensor de las diputadas

En su portada de hoy, Abc hace propaganda al partido ultraderechista Vox, y de una forma rocambolesca: presentándolo como defensor de las mujeres, en este caso de las diputadas en el Congreso, a cuenta de una visita a la Cámara Baja por parte de una delegación del gobierno de Irán, encabezada por el embajador de ese país.

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“Vox evita que Irán humille a las diputadas españolas”, titula el rotativo. Y añade a modo de explicación: “La presidenta del Congreso había aceptado que la delegación de Teherán no saludara a las mujeres en su visita al Parlamento y sólo la protesta de Abascal logra impedirlo“.

No aclara Abc en su primera página -y no será por falta de espacio- qué es lo que ha impedido Santiago Abascal, presidente de Vox. Hay que irse a su web para enterarse: la protesta de Abascal causó que el Congreso rectificara y retirase el saludo protocolario a los representantes de Teherán para “esquivar así la prohibición a las diputadas de saludar a la delegación iraní”.

Es de dominio público que en Irán las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda. No sólo se las obliga a cubrir su cabeza con un velo, sino que además no está permitido saludarlas -dándoles la mano, por ejemplo-, en público. Al suspenderse el saludo protocolario, se ha evitado también una escena en la que los diplomáticos iraníes no estrecharían la mano a las diputadas presentes, pero sí a los parlamentarios varones.

Ahora bien, es necesario preguntarse a qué viene esta propaganda de Abc a un gesto de Vox cuando hace unos cuantos años el diario monárquico no tuvo el menor problema en aceptar que un presidente de Irán no estrechara la mano a la reina Sofía durante una visita oficial a España. Ocurrió en octubre de 2002, y esta fue entonces la portada del periódico:

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El pie de foto destaca: “La mano a los hombres, sonrisa a las mujeres“. Y describe la imagen de los entonces rey de España, Juan Carlos I, y presidente iraní, Mohamed Jatami, acompañados por doña Sofía, con este resumen: “El presidente de Irán, Mohamed Jatami, llegó ayer a España en visita oficial, la primera de un máximo mandatario de aquel país tras la revolución de 1979. Sus Majestades los Reyes le dieron la bienvenida en el Palacio de El Pardo. Jatami dio a Don Juan Carlos un apretón de manos y saludó a Doña Sofía con una sonrisa cortés, al igual que había hecho minutos antes, en el Aeropuerto de Barajas, con la ministra de Exteriores, Ana Palacio“.

Las hemerotecas suelen traer quebraderos de cabeza a los periódicos, y más cuando se intenta, y a toda página, hacer pasar a un partido de ultraderecha por defensor de las mujeres.

¿Unanimidad?

Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados. Comparece la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para explicar la conducta del Ejecutivo al que pertenece en la crisis del Open Arms, barco dedicado a rescatar personas de pateras a la deriva en el mar Mediterráneo.

La socialista Calvo recibe su réplica de parte de cada uno de los grupos parlamentarios. El periódico Abc lo resume hoy en su primera página con un titular bajo su cabecera que emplea una sola palabra: “Unanimidad”. Bajo el mismo, siete declaraciones de distintos parlamentarios que ayer ejercieron de portavoces de sus grupos. Todas las intervenciones, muy críticas con la política del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la mencionada crisis.

Veamos las dos primeras declaraciones plasmadas por Abc en su portada:

María Carvalho (ERC): “Negar un puerto para desembarcar a gente que ha arriesgado su vida no es solo miserable, sino ilegal”.

Santiago Abascal (Vox): “Este caso no es nuevo sino un capítulo más de la avalancha migratoria. Una que todos ustedes promocionan, con las consecuencias para nuestra seguridad y nuestra soberanía”.

¿Realmente creen en Abc que estas dos declaraciones son unánimes? Una critica al Gobierno por “negar un puerto para desembarcar a gente que ha arriesgado su vida”. La otra también lo reprueba, pero por considerar que desde el Gabinete de Sánchez “promocionan” una “avalancha migratoria” hacia Europa.

Si sólo se habla de “unanimidad”, se transmite la idea que todos los grupos parlamentarios que intervinieron piensan lo mismo, cuando lo cierto es que entre ellos hay polos opuestos en el asunto de la inmigración, que es lo que les ocupaba ayer en el Congreso. Por lo tanto, para que esa “unanimidad” sea válida, hay que ponerle un apellido: Unanimidad en el rechazo a Sánchez, unanimidad contra la gestión de la crisis del Open Arms, o cualquier otro ejemplo que deje claro dónde está la coincidencia entre todos los que replicaron al Gobierno.